Regulación

Por qué la legalización del cannabis medicinal no garantiza el acceso

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Brasil y Colombia han abierto vías legales para el cannabis medicinal. También han demostrado por qué cambiar la ley es solo el comienzo. Un paciente necesita una receta, un producto disponible y una forma de pagarlo. Un cultivador necesita autorización, capacidad de producción y alguien dispuesto a comprar la cosecha. El permiso legal conecta estos pasos solo cuando funciona el sistema que los rodea.

Un nuevo estudio, “Legalización selectiva: cómo la regulación del cannabis medicinal configura los mercados de Brasil y Colombia”, examina cómo se desarrollaron esos sistemas.1 Publicado en la International Journal of Drug Policy, compara las reformas realizadas entre 2014 y el 1 de agosto de 2026 y muestra cómo los países que buscaban facilitar el acceso medicinal autorizaron distintas actividades en diferentes etapas.

La oportunidad práctica es considerable. Comprender dónde termina el permiso y dónde comienza la participación ofrece a los responsables de formular políticas un objetivo más claro: crear normas que ayuden a los pacientes a recibir tratamiento y permitan a los productores cualificados operar de forma sostenible.

Cómo las normas sobre cannabis medicinal configuran el mercado

El autor, Paulo José dos Reis Pereira, denomina este proceso “legalización selectiva”. Los gobiernos reconocen ciertos usos, productos y actividades, mientras mantienen otros prohibidos o sujetos a permisos más limitados.

Esta distinción importa porque el cannabis no constituye una única actividad comercial. El cultivo de plantas, la extracción de cannabinoides, la fabricación de medicamentos, la importación de productos y la dispensación de recetas requieren permisos distintos. Abrir una parte de la cadena no abre automáticamente las demás.

El estudio utiliza análisis documental y una comparación estructurada de los dos países. Examina las actividades autorizadas, las vías de participación, los recursos necesarios y las conexiones con los mercados internacionales. No mide si una reforma concreta redujo los precios o mejoró los resultados de salud.

Sin embargo, su conclusión central es concreta: el orden en que los gobiernos autorizan las actividades contribuye a determinar qué empresas y vías de acceso se desarrollan a su alrededor.

Colombia desarrolló la producción antes de ampliar las opciones para los pacientes

Colombia estableció relativamente pronto vías para el cultivo, el procesamiento y el comercio exterior. Esto dio a las empresas la oportunidad de desarrollar infraestructura de producción y buscar compradores en el extranjero. El acceso de los pacientes en el país se ajustó a los requisitos farmacéuticos y de regulación sanitaria.

El estudio señala que aproximadamente el 76% del cannabis recibido para fabricar derivados entre 2017 y julio de 2025 se declaró como destinado a la exportación. Esa cifra describe el destino previsto, no la cantidad que finalmente se envió al extranjero.

Del mismo modo, los registros administrativos mostraron 1.342 licencias clasificadas como activas, prorrogadas o renovadas en junio de 2026, en manos de 877 personas u organizaciones, después de que el investigador normalizara los nombres de los titulares. Esos registros no permitían determinar cuántos titulares de licencias producían o vendían.

Para quienes siguen el marco colombiano del cannabis medicinal, la distinción es esencial. Un país puede autorizar una capacidad de cultivo considerable y, aun así, seguir desarrollando los canales por los que los pacientes nacionales obtienen productos.

El reconocimiento del cannabis en flor como producto medicinal terminado en Colombia, en 2025, amplió las posibilidades legales. Sin embargo, el estudio no pudo evaluar los efectos de su implementación en el acceso de los pacientes ni en los pequeños cultivadores.

Brasil amplió el acceso mediante importaciones y farmacias

Brasil siguió una secuencia diferente. Se ampliaron las importaciones individuales y los productos de farmacia, mientras que durante gran parte del período analizado siguió sin estar disponible una autorización administrativa general para el cultivo nacional.

En el marco farmacéutico anterior, las empresas podían fabricar en Brasil productos autorizados, pero dependían de insumos derivados del cannabis importados. Los pacientes y las asociaciones también recurrieron a los tribunales para obtener protección para el cultivo nacional, lo que creó vías de acceso adicionales con distintos requisitos y grados de certeza jurídica.

La actividad administrativa alcanzó una escala considerable. Anvisa, la autoridad sanitaria de Brasil, concedió más de 600.000 autorizaciones de importación entre 2015 y 2025, incluidas más de 190.000 en 2025. No necesariamente correspondían a pacientes distintos ni a compras completadas.

Como explica MyCannabis en su guía actualizada sobre las leyes brasileñas sobre el cannabis, el acceso medicinal abarca distintas categorías regulatorias. Una importación personal excepcional y un producto autorizado para la venta en farmacias no deben considerarse autorizaciones intercambiables.

Las asociaciones de Brasil también son importantes para comprender el panorama económico. El estudio describe organizaciones que combinaron la producción con redes de atención, apoyo médico y asistencia jurídica. Evaluar su función únicamente por el volumen de productos dejaría fuera algunos de los servicios que contribuyen al acceso.

Qué demuestra el estudio sobre el acceso al cannabis

La comparación que sigue se basa íntegramente en el estudio y refleja el período analizado, no una descripción completa de la implementación posterior.

Dimensión Colombia Brasil
Secuencia regulatoria Autorización temprana del cultivo, el procesamiento y el comercio exterior Expansión de las importaciones individuales y los productos de farmacia antes de que entraran en vigor las normas generales sobre cultivo
Vínculo internacional Producción vinculada a mercados y empresas extranjeros Las vías administrativas de acceso dependían de productos o insumos extranjeros
Requisitos de participación Capital, infraestructura, cumplimiento normativo y acceso a compradores Recursos para compras, cumplimiento normativo o protección judicial, según la vía
Limitaciones de la evidencia Las licencias no demostraban que hubiera producción o ventas efectivas Las autorizaciones de importación no permitían determinar el número de pacientes únicos ni de compras

Las reformas de agosto en Brasil cambian el punto de partida

La fecha de corte del estudio, el 1 de agosto, es importante. Las principales resoluciones de Brasil sobre cultivo entraron en vigor el 4 de agosto de 2026. Por lo tanto, la conclusión histórica de que no existía una vía general de cultivo operativa no debe presentarse como si la situación del país siguiera siendo la misma hoy.

Las orientaciones posteriores de Anvisa para la implementación del cultivo explican los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas que realizan actividades autorizadas de carácter medicinal, farmacéutico y de investigación. El cultivo requiere una Autorización Especial previa y el cumplimiento de otros requisitos aplicables. El marco de producción medicinal abarca variedades que contienen como máximo un 0,3 % de THC.

Por separado, las directrices actualizadas de Anvisa sobre productos de cannabis abordan el marco de fabricación e importación que entró en vigor en mayo.

Estos cambios abren oportunidades para desarrollar más la cadena de suministro nacional. Para determinar si permiten reducir los costos, garantizar un suministro fiable o ampliar la participación, se necesitan pruebas sobre su funcionamiento que el estudio no aporta.

Por qué los pequeños cultivadores necesitan algo más que una licencia

Un pequeño productor hipotético permite ilustrar la brecha. Obtener una licencia de cultivo puede resolver el primer obstáculo legal. Sin embargo, el negocio aún necesita financiación, análisis, instalaciones adecuadas, acuerdos de procesamiento y un comprador. Si esos elementos llegan en distintos momentos, la autorización puede generar gastos antes de producir ingresos.

Esto plantea una pregunta práctica de política pública que va más allá del número de licencias: ¿las medidas de apoyo se ajustan a la etapa en la que los productores realmente encuentran obstáculos?

Los servicios de análisis compartidos, unas instrucciones más claras para presentar solicitudes y acuerdos de compra fiables son opciones que vale la pena evaluar. Su utilidad dependería de que reduzcan los costos sin debilitar los estándares de los productos. El estudio no evalúa estas intervenciones, pero su distinción entre autorización y participación explica por qué merecen atención.

El Gobierno de Colombia reconoció los desafíos de implementación en su actualización de marzo de 2026 sobre la participación de pequeños cultivadores en el norte del Cauca. Las autoridades describieron un diálogo y propusieron ajustes normativos destinados a apoyar a los productores pequeños y su transición a los mercados regulados. Esto documenta un esfuerzo de implementación, no demuestra que ya se haya logrado la inclusión.

Medir todo el recorrido de acceso de los pacientes

La misma lógica se aplica a los pacientes. El precio indicado de un producto es solo un componente del acceso. Las consultas, los trámites administrativos, la entrega, los desplazamientos y las recetas repetidas también pueden requerir tiempo y dinero.

Por lo tanto, una ampliación útil del estudio sería medir todo el recorrido, desde la búsqueda de tratamiento hasta la obtención de un suministro repetido. Dos sistemas podrían ofrecer productos con precios similares y, aun así, imponer cargas prácticas muy distintas.

La continuidad merece especial atención. Una primera compra demuestra que se logró acceder al producto una vez. La dispensación repetida y fiable aporta pruebas más sólidas de que una vía puede respaldar la atención continua. Ninguna de las dos demuestra la eficacia clínica, para la cual se necesitan pruebas independientes.

La producción nacional podría ayudar a diversificar el suministro, pero el cultivo local por sí solo no puede garantizar que los productos sean asequibles. El procesamiento, los análisis, la distribución y los márgenes comerciales siguen influyendo en el precio final. Las importaciones también pueden ofrecer opciones útiles. El objetivo de la política pública debería ser garantizar un acceso fiable y sujeto a controles de calidad, respaldado por pruebas que indiquen qué modalidades lo hacen posible.

Tres avances que conviene seguir en la reforma del cannabis medicinal

El estudio ofrece a las autoridades reguladoras, las empresas y las organizaciones de pacientes un criterio de evaluación más útil que limitarse a contar las nuevas autorizaciones. Tres avances permitirán determinar si la siguiente etapa está dando resultados:

  • Si las nuevas autorizaciones de cultivo se traducen en producción sostenida y ventas concretadas, también entre los pequeños cultivadores.
  • Si los pacientes obtienen suministros repetidos y fiables, con costos totales asumibles y menos demoras administrativas.
  • Si la información pública distingue entre licencias, compras, pacientes únicos y producción efectiva.

Brasil y Colombia demuestran que la reforma del cannabis medicinal puede seguir avanzando después de su primer hito legal. Será más fácil reconocer el próximo avance cuando los gobiernos midan lo que las personas realmente pueden obtener y lograr mediante los sistemas que crean.

Referencias:

1 Pereira, P. J. dos R. (2026). Legalización selectiva: cómo la regulación del cannabis medicinal constituye mercados en Brasil y Colombia. International Journal of Drug Policy, 158, 105574. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2026.105574

Jordan Ellis sigue el dinero, las normas y las decisiones que dan forma al sector del cannabis. Le interesa lo que ocurre después de que se aprueba una ley, una empresa hace una promesa o una nueva tecnología llega a la sala de cultivo. En MyCannabis.com, busca los detalles prácticos que revelan hacia dónde podría dirigirse el sector.